En Argentina, la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre de 2020 marcó un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. Hasta ese momento, el aborto solo estaba permitido en casos específicos contemplados por el Código Penal desde 1921, pero la realidad mostraba que el acceso a un procedimiento seguro era limitado y que miles de mujeres recurrían a prácticas clandestinas que ponían en riesgo su vida. Con la aprobación de la IVE, el país se alineó con una tendencia global de ampliación de derechos reproductivos, convirtiéndose en referente en América Latina.
La ley argentina establece que toda persona gestante tiene derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 inclusive, de forma gratuita y en condiciones de calidad dentro del sistema de salud, tanto público como privado. Después de ese plazo, el aborto sigue siendo legal en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante estén en peligro. Además, la normativa garantiza el acceso a la información, el acompañamiento médico y el respeto a la autonomía en la decisión.
Más allá de la letra de la ley, el 28 de septiembre recuerda que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no se reduce a la existencia de una norma, sino que implica también la efectiva implementación de políticas públicas. En Argentina, esto supone capacitar al personal de salud, garantizar insumos como el misoprostol y la mifepristona, y asegurar que la objeción de conciencia institucional o individual no se convierta en una barrera para el acceso.
A nivel global, la fecha también busca visibilizar las desigualdades que persisten. Mientras algunos países avanzan hacia modelos de ampliación de derechos —como Colombia y México en los últimos años—, otros aún mantienen legislaciones altamente restrictivas que criminalizan a las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo. La diferencia entre acceder a un aborto legal y seguro o verse forzada a recurrir a la clandestinidad puede ser, en muchos casos, una cuestión de vida o muerte.
En el plano jurídico, el reconocimiento de la IVE se vincula con derechos consagrados en tratados internacionales de los que Argentina es parte, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados a eliminar obstáculos que limiten la igualdad. También se relaciona con la Convención de Belém do Pará, que protege a las mujeres contra la violencia, entendiendo que negar un aborto seguro puede constituir una forma de violencia institucional.
El 28 de septiembre, entonces, no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para reflexionar sobre cómo el derecho puede convertirse en una herramienta de transformación social. El aborto legal, seguro y accesible es hoy un derecho reconocido en Argentina, pero también es un recordatorio de que las conquistas jurídicas necesitan ser acompañadas por políticas efectivas, educación sexual integral y un compromiso constante para que ninguna mujer o persona gestante quede excluida de la posibilidad de decidir libremente sobre su propio cuerpo.
2025-10-02